Los Administradores Societarios y el delito de desobediencia a la Autoridad Judicial

De acuerdo con el artículo 556.1 CP, serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses, los que, sin estar comprendidos en el artículo 550, resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En el presente artículo vamos a exponer los requisitos que establece la jurisprudencia para entender cuándo un administrador de una sociedad incurre en un delito de desobediencia a un mandato judicial (Ej.un embargo acordado en un procedimiento de Ejecución de Sentencia). Dichas condiciones,de acuerdo con la SAP Lérida 23/2011, de 21 de enero, son las siguientes:

a) Una orden legítima de la autoridad competente que sea de obligado cumplimiento.

b) El conocimiento de esta orden por el destinatario.

c) La conducta omisiva de éste que la desatiende y no la cumple.

Para que la querella por la que se ponga de manifiesto esta desobediencia, es preciso tener en cuenta que la orden o mandato incumplido sea expreso, concreto, claro y terminante, d forma que imponga al querellado o querellados una conducta activa; que este mandato proceda de la autoridad judicial, revistiendo las formalidades legales, y habiendo sido notificado en tiempo y forma, habiendo tomado los querellados conocimiento de su contenido; y que exista una manifiesta negativa por parte del destinatario a atender la orden que desatiende, de manera que no cumple la orden dictada por la autoridad judicial.

 

Las Ayudas Económicas para las Mujeres Víctimas de Violencia de Género

La Violencia de Género o Violencia Sobre la Mujer es una lacra de nuestro Estado de Derecho. De acuerdo con la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, para obtener la condición de víctima, será preciso haber formulado denuncia o querella, o haberse iniciado un procedimiento penal. Esta situación se mantendrá mientras permanezca en vigor el procedimiento penal o cuando, tras su finalización, se hubiere dictado Sentencia condenatoria con Medidas de Protección a favor de la víctima, Orden de Protección o Informe de Indicios del Ministerio Fiscal.

Para intentar mejorar las condiciones económicas de las víctimas, existen una serie de ayudas que pasamos a exponer:

  1. Ayuda Económica específica para Mujeres Víctimas de Violencia de Género con especiales dificultades para obtener un empleo. Esta Ayuda es incompatible con la Renta Activa de Inserción. En la Comunidad de Madrid se materializa en un Pago Único. Para su obtención, es preciso reunir los siguientes requisitos:
    • No haber sido beneficiarias anteriormente de esta ayuda en ninguna Comunidad Autónoma.
    • Disponer de Sentencia condenatoria con Medidas de Protección a favor de la víctima, Orden de Protección o Informe de Indicios del Ministerio Fiscal.
    • Carecer de rentas que superen, en cómputo mensual, el 75% del SMI excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. En 2016, el SMI se cifra en 655,20 €.-
    • Tener especiales dificultades para obtener un empleo:
      • Edad.
      • Falta de preparación general o especializada.
      • Experiencia laboral.
      • Circunstancias sociales:
        • Responsabilidades familiares; cuando conviva con, al menos, un familiar por afinidad o consanguidad hasta el segundo grado.
        • Grado reconocido de minusvalía igual o superior al 33%. Este aspecto se acredita mediante un informe que emite el Servicio Público de Empleo (SEPE) .En la Comunidad de Madrid, este Informe es emitido por la Subdirección General de Orientación e Intermediación Laboral (Consejería de Empleo, Turismo y Cultura).
        • Situación de violencia sufrida: duración,  consecuencias físicas y psicológicas, y su repercusión en la participación o aprovechamiento de los programas de inserción.
        • Circunstancias de salud: consecuencias físicas y psicológicas de la violencia, grado de discapacidad.
        • Mujer extranjera: idioma, falta de homologación de estudios.
        • Circunstancias de su lugar de residencia: entorno urbano o rural.
        • Otras circunstancias: falta de habilidades sociales, de autoestima y expectativas de superación.
        • Estar inscrita como demandante de empleo.
  2. Renta Activa de Inserción. Su importe (mensual) equivale al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Además, incluye una ayuda suplementaria de pago único si la mujer se ha visto obligada a cambiar de residencia por sus circunstancias de violencia de género en los 12 meses anteriores a la solicitud de admisión al Programa de Renta Activa o durante su permanencia en éste, de cuantía equivalente al importe de 3 mensualidades de la Renta Activa de Inserción. Precisa reunir los siguientes requisitos:
    • No convivir con su agresor.
    • Ser menor de 65 años.
    • Carecer de rentas que superen, en cómputo mensual, el 75% del SMI excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. En 2016, el SMI se cifra en 655,20 €.-

Estas son las ayudas más demandadas, si bien existen otro tipo de medidas, como son:

  • La prioridad en el acceso a Viviendas Protegidas y Residencias públicas para mayores.
  • El derecho a la escolarización inmediata de sus hijos e hijas, cuando éstos se vean afectados por un cambio de residencia como consecuencia de un procedimiento de violencia sobre la mujer.

Los okupas en el Derecho español

La okupación o usurpación de cosa inmueble aparece tipificada en el artículo 245.2 del Código Penal para dar cobertura penal específica a la ocupación de viviendas o edificios en contra de la voluntad de sus propietarios o poseedores.

De acuerdo con los criterios que sienta la jurisprudencia y, en concreto, la SAP Madrid de 15 de enero de 2001, el delito de usurpación de inmuebles requiere para su comisión los siguientes elementos:

a) La ocupación, sin violencia o intimidación, de un inmueble, vivienda o edificio que en ese momento no constituya morada de alguna persona, realizada con cierta vocación de permanencia.

b) Que el realizador de esa ocupación carezca de título jurídico alguno que legitime esa posesión, pues en el caso de que inicialmente hubiera sido autorizado para ocupar el inmueble, aunque sea temporalmente y en calidad de precarista, el titular de la vivienda o edificio deberá acudir al ejercicio de las acciones civiles para recuperar su posesión.

c) Que conste la voluntad contraria a tolerar la ocupación por parte del titular del inmueble, bien antes de producirse, bien después, lo que especifica este artículo al contemplar el mantenimiento en el edificio contra la voluntad de su titular, que, en tal caso, deberá ser expresa.

d) Que concurra dolo en el autor. El dolo abarca el conocimiento de la ajeneidad del inmueble y de la ausencia de autorización o de la manifestación de la oposición del titular del edificio.

Por lo tanto, es preciso acreditar que la ocupación del inmueble se ha producido contra la voluntad de su titular.

 

Cómo salir de un Registro de morosos (ASNEF, CIRBE, RAI)

Una lista de morosos una base de datos automatizada en la que se almacenan multitud de aspectos, públicos o privados, que reflejan información sobre los impagos de las personas físicas y jurídicas de cara a la valoración del riesgo que entidades financieras y empresas puedan efectuar con respecto a sus clientes.

Para que una persona sea incluida en un registro de morosos deben transcurrir, al menos, 4 meses desde el impago, de acuerdo con las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos.

De acuerdo con el artículo 29 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, una vez que se incluye a un individuo en una lista de morosos (previo requerimiento fehaciente del acreedor) el afectado debe ser informado de esta situación en un plazo máximo de 30 días. En todo caso “sólo se podrán registrar y ceder los datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica de los interesados”. Estos datos, aún en el caso de que el afectado no pueda afrontar el pago de la deuda, podrán permanecer un máximo de 6 años en el fichero, siempre que respondan con veracidad a la situación financiera actual del perjudicado.

Para salir del registro de morosos, lo primordial es afrontar la totalidad del pago de la deuda y, con posterioridad, ejercer el denominado “derecho de cancelación” de los datos personales en él contenidos, en el caso de que el acreedor no lo haya efectuado. En cualquier caso, el derecho de cancelación es un derecho personalísmo, es decir, que debe ser ejercitado por el afectado, en su propio nombre. El responsable del fichero deberá resolver sobre la solicitud de cancelación en el plazo máximo de diez días a contar desde la recepción de la solicitud. Si no contesta en ese plazo o la respuesta no es satisfactoria, el interesado podrá interponer la correspondiente reclamación de tutela ante la Agencia Española de Protección de Datos, acompañando la documentación acreditativa de haber solicitado la cancelación ante la entidad de que se trate.

En los restantes supuestos, los datos deberán ser cancelados cuando hayan transcurrido seis años contados a partir del vencimiento de la obligación o del plazo concreto si aquélla fuera de vencimiento periódico.

Los libros de texto y el material escolar ¿Son gastos extraordinarios?

A la hora de establecer las cláusulas de un convenio o de una demanda de medidas paternofiliales (que son aquellas que declaran los derechos y las obligaciones de los progenitores para con sus hijos) es muy importante delimitar los gastos que deberá afrontar uno y otro progenitor. Principalmente: alimentos y gastos extraordinarios.

Los alimentos comprenLos gastos escolaresden todo aquello que se considera indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica de los menores o alimentistas. Pero también comprenden la educación y la instrucción de los menores mientras sean menores de edad, y aún después, cuando el alimentista no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable (artículo 142 del Código Civil). La cuantía de los alimentos será proporcionada al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe (artículo 147 CC).

Por su parte, y de acuerdo con una amplia jurisprudencia entre la que destaca la STS 4438/2014, de 15 de octubre (Ponente José Luis Calvo Cabello) los gastos extraordinarios son aquellos que no se pueden preveer, como por ejemplo las actividades extraescolares y gastos sanitarios no cubiertos por la Seguridad Social o seguros privados sanitarios correspondientes. Por lo tanto, no son gastos extraordinarios los libros, matrículas y material escolar, dado que son gastos perfectamente previsibles que deberán ser atendidos con el importe de la pensión alimenticia.

Dentro de los gastos extraordinarios se debe distinguir entre los necesarios, que no requieren el previo consentimiento del progenitor no custodio (Ej. El cambio de unas gafas) y los no necesarios, que sí precisan del previo conocimiento y consentimiento del progenitor no custodio.(Ej. Clases de tenis).

Por lo tanto, los gastos escolares se comprenden dentro de la pensión de alimentos, que deberá ser revisada periódicamente para el caso de que las circunstancias personales de ambos progenitores cambien sustancialmente.

El impago de la pensión de alimentos. La modificación de las medidas paternofiliales

La actual coyuntura global de crisis económica, una mala gestión de los recursos o el desempleo son las principales causas por las que cumplir con la obligación de abonar una pensión de alimentos se convierte en un verdadero problema para el cónyuge no custodio.

Los alimentos comprenden todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica; estando conminados los titulares de la patria potestad (los padres) a satisfacer dicha obligación de forma proporcional a sus recursos económicos, a su situación personal y a las necesidades de los hijos. Esta obligación ha de ser reconocida en un Convenio Regulador o por una Sentencia (ya sea de nulidad, de separación o de divorcio).

A partir de la LPensión de alimentosey Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, el legislador incide en la consideración de delito el impago de la pensión de alimentos establecida en Convenio o reconocida por Sentencia judicial, imponiendo en el artículo 226.1 CP la pena de prisión de tres a seis meses o  multa de seis a doce meses para los infractores. Asimismo, la falta de abono de la pensión de alimentos puede ser causa de privación de la patria potestad (por tiempo de cuatro a diez años, según el artículo 226.2 CP) y constituye justa causa de desheredación de los legitimarios.

¿Y si en un momento dado al progenitor no custodio le es imposible pagar la pensión de alimentos?

En ese caso, la solución más inmediata es acudir a un abogado para que inste una modificación sustancial de las medidas acordadas (un procedimiento civil) en aras de reducir la cuantía de la pensión de alimentos, o incluso la suspensión del pago de la misma.